El gobierno universitario

Matko Koljatic

El miércoles pasado fui invitado a la Comisión de Educación del Senado, en función de mi cargo de presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), a aportar puntos de vista respecto al proyecto de crear una nueva institucionalidad de acreditaciones en Chile. Debo decir que me sorprendió positivamente el profundo conocimiento del tema en discusión de la senadora y tres senadores presentes en la sesión, el interés que mostraron en solucionar los problemas que se han manifestado en la ley vigente y, por qué no decirlo, las tres horas de intensa discusión que duró la sesión. Pienso que esta sesión de la Comisión de Educación del Senado fue una demostración de un trabajo legislativo hecho con diligencia y seriedad. Como ciudadano, ello me alegró.



En el tráfago de la discusión surgió una pregunta de uno de los senadores que me pareció crucial: ¿qué anduvo mal en la legislación que permitió que se hubieran producido tantos problemas en el sistema de educación superior? La pregunta es atingente, ya que pareciera que cada año que pasa nos trae un nuevo caso de escándalo. Universidades que quiebran dejando a miles de estudiantes a la deriva, instituciones que se expandieron en forma desorbitada abriendo sedes y carreras por doquier, funcionarios públicos acusados de cohecho, cierre de carreras por falta de campo laboral, etc. Todos estos hechos demuestran que algo ha andado mal en el sistema.

La respuesta habitual es que estas situaciones se deben a la falta de regulación y una ley de aseguramiento de la calidad mal hecha, que no habría logrado lo que es su propósito principal, cual es asegurar la buena calidad de la educación superior. Reconociendo que hay escasa regulación y que la ley actual tiene fallas, en lo que hay bastante consenso tanto en el gobierno como en la oposición, mi hipótesis es distinta: la gran debilidad del sistema está en el gobierno corporativo de las instituciones de educación superior (IES).

En general, en la dirección superior de las IES priman los organismos colegiados, en la mayoría de los casos las denominadas juntas directivas, que tienen atribuciones de “fijar la política de desarrollo de la universidad, aprobar el presupuesto, la estructura orgánica de la universidad, sus políticas de remuneraciones, la contratación de empréstitos, los nombramientos de los funcionarios superiores, la enajenación de inmuebles, los nuevos títulos profesionales y grados académicos que ofrezca la universidad, y los reglamentos de la universidad”, según expresa la legislación. Hay excepciones, como la Universidad de Chile y la PUC que tienen cuerpos colegiados de gobierno singulares, que serían largos de explicar.

Si se analiza la conformación de estos órganos de gobierno universitario, se verá que muestran una fuerte presencia de académicos y autoridades de las mismas instituciones y poca presencia de personas que representen a ‘stakeholders’ externos. Por lo mismo, son órganos de gobierno autogenerados, en que las decisiones rara vez son sometidas al escrutinio público. 
Guardando las distancias, por ser entornos distintos, el rol de los órganos de gobierno en las IES es similar al rol de los directorios en las sociedades anónimas. De esta comparación surge, entonces, la hipótesis que una posible causa de los problemas que hemos visto en la educación superior tienen que ver con el gobierno de las IES. Si en los escándalos corporativos se achaca a los directorios la culpa por falta del “debido cuidado”, ¿por qué no habría que hacerse lo mismo en los escándalos que sacuden a la educación superior? 
Lo paradójico es que en tanto ha habido gran preocupación legislativa por fortalecer los gobiernos corporativos de las sociedades anónimas -cuya última expresión es la Norma CG341 de la SVS-, no ha existido la misma preocupación legislativa por hacerlo en las instituciones de educación superior. De hecho, mucha de la legislación respecto al gobierno de las universidades data de 1980. 
Pareciera que ha llegado la hora de incorporar conceptos como el “debido cuidado” también al gobierno corporativo de las IES.